El proyecto aboga por una regionalización del sistema de salud fundada en interacciones comunes de tipo epidemiológico y demográfico que van más allá de las fronteras políticas administrativas.

Es decir, se plantea crear regiones de salud con aspectos comunes para garantizar promoción, prestaciones de servicios, aseguramiento y creación de redes específicas para cada territorio común.

Frente a las responsabilidades en la gestión del riesgo en salud, el proyecto establece que la Nación y las entidades territoriales se encargarán de las intervenciones colectivas; las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), que pueden ser las mismas EPS, responderán por los riesgos individuales; las ARL de los laborales y los prestadores (IPS, clínicas y hospitales) asumirán en la práctica la promoción, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación y la paliación de todas las enfermedades. Para esto, realizarán contratos con las entidades territoriales y las EAPB.

En este sentido, todas las entidades tendrán que dar a conocer los resultados de gestión del riesgo de manera obligatoria para la Superintendencia Nacional de Salud, que los vigilará.

Frente al modelo de atención en salud, la estrategia de atención primaria en salud se renovará con un enfoque de salud familiar y comunitaria y se prestará a través de redes integradas e integrales (conformadas por entidades públicas y privadas) que deberán constituirse.

Bajo ese modelo, dice el proyecto, toda persona debe estar adscrita a un prestador primario que asignará un médico con enfoque de salud familiar y comunitaria altamente resolutivo, y en las zonas de baja densidad poblacional podrán desarrollarse modelos diferenciados que se ajusten a las necesidades.

Con respecto a la calidad, el proyecto dedica un capítulo específico en el que se define que el Gobierno tendrá que organizar un sistema de calidad en salud antes de un año y una política de protección integral a los usuarios, además de los estándares de habilitación y acreditación para todos los componentes del sistema.

En ese sentido, todos los actores deberán utilizar plataformas interoperables para garantizar el aseguramiento, definir flujos de recursos, niveles de prestación de servicios, auditorías y evaluación de la calidad. Dentro de ese marco se tornan obligatorias la historia clínica y la facturación electrónica, así como las auditorías en línea.

Como algo novedoso, el proyecto de ley plantea que el Ministerio de Salud podrá impulsar el desarrollo de tecnologías sanitarias (producción de vacunas, medicamentos e insumos) para lo cual se dispondrá del 5 por ciento de los recursos del Fondo de Investigación en Salud (FIS). Además, se permitiría la posibilidad de realizar alianzas con privados para este fin.

En este escenario, contemplado en el capítulo de seguridad sanitaria y de emergencia, también se faculta al Ministerio para declarar emergencias por riesgos epidemiológicos, desabastecimientos o eventos catastróficos y podrá de manera autónoma, en esas condiciones, comprar medicamentos e insumos que incluso se encuentren en desarrollo.

Además, podrá emitir órdenes específicas a todos los actores del sistema en búsqueda del bienestar colectivo, para lo cual también podrá crear un fondo específico con recursos del presupuesto general de la Nación.

Con respecto a la salud pública, se deberán consolidar planes decenales específicos para cada región creados con indicadores puntuales de cumplimiento.

Y por el lado del aseguramiento se redefinen obligaciones para los aseguradores, se equiparan los valores de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para los regímenes contributivo y subsidiado en un periodo no mayor a dos años y en año y medio se tendrán que fijar las fuentes de financiación para las patologías de alto costo y de baja frecuencia, así como la definición absoluta de los servicios que se pagarán con cargo a la UPC, que a su vez tendrá un componente fijo y uno variable definido por incentivos de acuerdo con el rendimiento.

Para garantizar la continuidad de los servicios se plantea la creación del Fondo de Garantías en Salud para contrarrestar la insolvencia de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB).

El proyecto, finalmente, también contempla nuevos mecanismos de pago y contratación y el fortalecimiento de una política a favor del talento humano en salud que prohíbe la tercerización y se promueve la formación de especialistas de acuerdo con las necesidades de los nuevos modelos de prestación.

La base mínima de cotización para pertenecer al régimen contributivo será un salario mínimo y se vigilará de manera exhaustiva a los conglomerados empresariales que tengan alguna actividad en el sistema.

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Lo que debe saber del polémico proyecto de reforma a la salud